La vuelta de los fallos plenarios.

Con la sanción de la ley 27.500 se reinstaura el recurso de inaplicabilidad de la ley que permite solicitar a las Cámaras Nacionales o Federales que se constituyan en tribunal plenario y unifique la doctrina legal contradictoria de las salas que la integran. Esto es, la vuelta de fallos plenarios.

fallos plenarios
Los fallos plenarios son de gran utilidad ante la diversas opiniones de las salas.

Por otro lado, la ley 27.500 derogó el régimen establecido por la ley 26.853, que ordenaba la creación las Cámaras de Casación que finalmente nunca se implementó.

Régimen procesal vigente.

El 10 de enero de 2019, se sancionó la ley 27.500 y puso nuevamente en vigencia el régimen de los fallos plenarios.

Con esta normativa se vuelve a la redacción original de los artículos 288 al 303 del Código Procesal y restableció la obligatoriedad de los fallos plenarios para las salas integrantes de la Cámaras Nacionales y Federales que lo dicten, y los juzgados de primeras instancias que tengan a esas cámaras como tribunales de alzada.

 

Puntualmente, la ley 27.500 deroga la ley 26.853 que en el año 2013 había eliminado la obligatoriedad de los fallos plenarios al crear las Cámaras Federales y Nacionales de Casación en Materia Civil y Comercial, del Trabajo y Seguridad Social y Contenciosos Administrativo Federal.

Además, creó los respectivos recursos de Casación, de inconstitucionalidad y de revisión.

Ciertamente este régimen nunca llego a implementarse ya que se encontraba supeditado a la previa instalación y puesta en funcionamiento de las Cámaras Federales y Nacionales de Casación creadas por la ley 26.853.

Es importante destacar que en la exposición de motivos de la ley 27.500 se expresó que de “implementarse la Ley N° 26.853 solo se conseguiría aumentar la demora de los procesos judiciales, que de por sí son excesivamente prolongados”.

Dada esta situación, durante el periodo de vigencia la mayoría de las Cámaras decidieron mantener el régimen de obligatoriedad de los fallos plenarios. Entendieron que hasta que efectivamente se ponga en funcionamiento las nuevas Cámaras se siguiera con la jurisprudencia plenaria.

Finalmente fue lo que sucedió. Nunca se crearon, pon ende jamás se suspendió su aplicación.

Ahora bien, en miras de aclarar esta situación se sanciono la ley 27.500 que dispone expresamente que:  “ los fallos plenarios conservarán su obligatoriedad” (articulo 6).

Principales características de los fallos plenario.

Como la ley 27.500 sustituye y/o modifica los artículos 288 a 301 del CPCCN a su versión original es conveniente recordar sus principales lineamientos.

  • Obligatoriedad de la jurisprudencia plenaria

La interpretación establecida en los fallos plenarios será obligatoría para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia donde esta Cámara actué como tribunal de alzada.

 

Por otra lado, se deja plena libertad a los jueces para que puedan dejar asentada su posición del hecho concreto independientemente de la aplicación de la jurisprudencia plenaria.

 

  • Recurso de Inaplicabilidad

Remedio procesal que tienen las partes para recurrir la sentencia de segunda instancia en el supuesto en que se haya contradicho la doctrina plenaria. El recurso debe interponerse dentro de los 10 días de notificada la sentencia y ante la sala que la pronunció.

De ser admitido el recurso de dictará con efecto suspensivo ( continúan los efectos de la sentencia) y se remitirá el expediente a la presidencia de la Cámara para continuar el trámite. La resolución que se dicte es irrecurrible.

 

  • Prohibiciones.

Esta expresamente prohibido agregar documentos y mucho menos producir algún tipo de prueba. También esta vedado denunciar hechos nuevos, recusar con o sin causa a algún miembro de tribunal.

Conclusión:

Con la sanción de la ley 27.500 se pone fin a este estado de incertidumbre por la falta de constitución de las Cámaras de Casación, y recuperar un grado de certeza con el objetivo de darle mayor seguridad al justiciable.

 

Además, con la vuelta de los fallos plenarios se recupera toda aquella jurisprudencia dictada durante décadas que con seguridad se  hubiese perdido con el anterior esquema.

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